La Taxonomía es una clasificación de "actividades económicas sustancialmente contribuyentes a los objetivos medioambientales basados en criterios científicos" que se ha fijado la Unión Europea. Lo que viene a hacer, grosso modo, es señalar qué soluciones climáticas deben ser beneficiadas (regulatoria, fiscalmente, o mediante inversiones, por ejemplo). Pues bien, la Comisión Europea ha anunciado hoy que, en su lista de beneficiarios, están el gas natural y la energía nuclear. Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones ecologistas, rechaza la inclusión de estas energías como verdes "por ir -dice- frontalmente en contra de los objetivos climáticos"
El gas natural es un combustible fósil que contribuye al cambio climático, tanto por la generación de emisiones de CO2 en la combustión como por las emisiones fugitivas de metano. El metano es un gas con un potencial de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de vida. Emitir un kilogramo de metano es equivalente a emitir 86 de CO2. Además, cada vez más investigaciones científicas demuestran que las fugas de metano no han estado bien contabilizadas y representan un problema climático mayor del que se creía.
El Grupo de expertos Intergubernamental sobre Cambio Climático define las emisiones fugitivas como “la liberación intencional o no intencional de los gases de efecto invernadero durante la extracción, el procesamiento y la entrega de los combustibles fósiles al punto de utilización final”. El informe Smoke and mirrors, de Bankwatch Network, publicado en enero del año pasado, concluye que “los valores de emisiones fugitivas en más de la mitad de los escenarios están alrededor del umbral del 3% definido por la Agencia Internacional de la Energía, más allá del cual el gas fósil deja de ofrecer un beneficio climático en comparación con el carbón”.
Ahora, la Taxonomía incluye al gas natural. En este documento se señalan los criterios específicos que se deben cumplir para ser calificados como “sostenibles”. Para el caso del gas, según esta publicación, las inversiones en centrales de gas serán consideradas verdes si producen emisiones inferiores a 270 g/kWh de CO2 equivalente por kilovatio-hora (frente a los 100 g/kWh que determinan expertas y científicos), si sustituyen a una central de combustibles fósiles más contaminante y si reciben el permiso de construcción de aquí a 2030.
Por otro lado, y en relación a la energía nuclear, los proyectos deberán contar con un plan, un emplazamiento y los fondos necesarios para eliminar de forma segura los residuos radiactivos, y se clasificarán como “verdes” aquellas que reciban su permiso de construcción en los próximos 23 años, hasta 2045.
Sara Bourehiyi, responsable de la campaña de finanzas sostenibles de Ecologistas en Acción, ha denunciado que la inclusión del gas y la nuclear como inversiones sostenibles convierte a la taxonomía en un instrumento de lavado verde: “el propósito era que se creara un instrumento, basado en la ciencia, que garantizase que una inversión calificada como verde contribuyese a la necesaria transición ecológica y a mitigar los efectos del cambio climático. Si un combustible fósil y una energía que deja residuos para millones de años se consideran verdes -plantea Bourehiyi-, ¿qué no lo es?”.
Ecologistas en Acción se une al rechazo que ha provocado este documento, junto a numerosas organizaciones, algunos Estados miembros y desde el grupo de expertos que trabajó en el borrador del documento, que también piden el veto del Parlamento Europeo.
La oposición al documento
En primer lugar, está el grupo de expertos organizado en la llamada Plataforma de Finanzas Sostenibles, y que reúne expertos de diferentes grupos de interés como representantes del sector financiero, empresas no financieras, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, academias y grupos de reflexión, expertos a título personal, así como instituciones públicas e internacionales.
En relación con la energía nuclear no consideran que los criterios garanticen una contribución sustancial. Por tanto, rechazan su inclusión en el documento final. Por otro lado, este documento también ha encontrado la desaprobación de algunos Estados miembros, entre ellos España, que ha enviado una carta firmada conjuntamente con Austria, Dinamarca y Luxemburgo. En ella señalan su oposición a la inclusión del gas natural y la energía nuclear, ya que “no cumplen los requisitos legales y científicos establecidos en la taxonomía para ser considerados actividades económicas sostenibles”.
Otra de las oposiciones es la de los grandes gestores de fondos de inversión. El IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change), entre los que están BlackRock o Vanguard, ha publicado una carta abierta a los Estados miembros y a los europarlamentarios, pidiendo la exclusión del gas en la taxonomía. Según esta asociación, que representa más de 50 billones de euros de fondos gestionados, la inclusión del gas confundiría sus decisiones de inversión, impediría avanzar hacia los objetivos climáticos de la UE y contradice las indicaciones de la ciencia.
En el caso de las organizaciones ecologistas, han sido numerosos los actos organizados para señalar la gravedad de este greenwashing, como el “funeral” de la taxonomía o la instalación de un dinosaurio gigante frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, para señalar el “monstruo” en el que se está convirtiendo el documento, entre otras manifestaciones organizadas en los últimos meses.
El papel decisivo del Parlamento Europeo
Una vez publicado el documento final por parte de la Comisión, pasará a manos del Consejo y del Parlamento Europeo, que tendrán cuatro meses para, en su caso, vetar el documento y rechazar la inclusión del gas y nuclear. En el caso del Consejo, esto se conseguiría si se reúne al menos a 20 Estados miembros. En el caso del Parlamento, este rechazo se conseguiría con una mayoría de pleno, es decir, 353 diputados y diputadas.
Si no se consigue el consenso en el plazo establecido, la energía nuclear y el gas serán consideradas energías “verdes” de la UE y podrán captar grandes cantidades de recursos, tanto de inversores privados como de fondos públicos. En palabras de Sara Bourehiyi: “de la aprobación o no del documento dependerá alcanzar los compromisos climáticos. Que el gas y la energía nuclear sean considerados verdes, supone un claro freno a la transición energética”.
De aprobarse, supondría en la práctica la financiación de combustibles fósiles hasta 2050, y que sectores como el nuclear y el gasístico puedan obtener la misma etiqueta de sostenibilidad que actividades económicas dirigidas a la construcción de sistemas renovables.
Además -apuntan desde Ecologistas-, se seguiría financiando la construcción de nuevas infraestructuras fósiles que irían en contra de la reducción de las emisiones, y del mismo modo, seguirían produciéndose cientos de toneladas de residuos nucleares radiactivos para los que no existe ninguna solución a día de hoy.
Según la oenegé, "estos planes mantendrían, además, los ingentes beneficios caídos del cielo que reciben estas empresas, y dificultarían enormemente el despliegue de energías renovables necesario para enfrentar la emergencia climática".
Por todo ello, Ecologistas en Acción insta a que el Parlamento Europeo rechace este documento, por no estar alineado con los compromisos climáticos del Acuerdo de París –limitar en 1,5 ºC la temperatura media global– ni con el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050.
